AGUA:EL DEBATE QUE NOS FALTA


PABLO MONTAÑO


En la enorme lista de temas pendientes que nos atañen como sociedad, el agua ocupa un lugar especial para la agenda pública. Cualquier mención de legislaciones alrededor del agua eleva acalorados debates y levanta las peores sospechas sobre privatizaciones y abusos que condicionarán este derecho vital. Personalmente, me dejé llevar por la más reciente noticia acerca de los 10 decretos presidenciales, emitidos el día 06 de junio, que en relación a aproximadamente 300 cuencas hidrológicas (en torno al 55% de las aguas superficiales, de ríos y lagos nacionales) sustituyen la figura jurídica de la veda, por la de reserva; a pesar de no comprar la idea de que con esta decisión se privatizaron de golpe las aguas nacionales por culpa de nuestra distracción con el partido del Mundial de México-Alemania, sí compartí una columna de opinión que se excedía en los alcances de los decretos, otorgándoles más alcances que los que les corresponden. Una disculpa si esto causó desinformación.


Si bien no hay elementos para considerar que las decisiones del Ejecutivo Federal prevén, de iure, la privatización del agua, sí dejan entrever la posibilidad de que un porcentaje importante del recurso vital, que previo a esta determinación estaba protegido jurídicamente por decretos de veda, se otorgue mediante concesiones a particulares para una probable explotación irracional e insostenible, descuidando el futuro de las comunidades rurales. El grave panorama que se abre a partir de la vigencia de estos textos provocó mi deseo de manifestar algunas consideraciones y propuestas.


Nula consulta y discusión pública.


El agua es un elemento indispensable para la reproducción de todas las formas de vida de los seres que cohabitamos en este país. Cualquier cambio importante en materia legal, como es el caso del conjunto de decretos recientemente promulgados, puede poner en riesgo la disponibilidad y la calidad de este recurso vital, exponiendo a toda la sociedad y a los ecosistemas en los que vivimos a experimentar una serie de crisis y desequilibrios.


¿Acaso estas decisiones no pueden ser fruto de un debate en el que se escuchen plurales voces, en las que se tome en cuenta la participación ciudadana?; ¿No era indispensable reconocer el derecho de los pueblos indígenas a decidir el manejo de sus recursos y actuar en consecuencia con consultas y diálogos multiculturales?


Es verdad que la discusión y la firma de los decretos no se hizo en secreto durante el Mundial. Más preocupante resulta que, a pesar del tiempo que tenían cocinándose, el tema estuvo por completo ausente en la discusión pública, en los noticieros, periódicos, etc. Es cierto, también, que jurídicamente los protocolos para su implementación –estudios, consultas públicas, análisis- se cumplieron según señala la ley; sin embargo, para el alcance e importancia del tema, no sólo se hizo de manera acelerada y con información desactualizada, sino que la voz y decisión de los campesinos y pueblos indígenas no fueron tomadas en cuenta.


Sustitución de figura jurídica. De la veda a la reserva. 


Las nueve regiones hídricas afectadas por los decretos presidenciales se encontraban protegidas ya por la figura jurídica de la veda total o parcial, lo cual significaba que en las primeras no se autorizaban aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos por la ley, y en las segundas se permitía únicamente el otorgamiento de concesiones para usos restringidos. Aparentemente, el espíritu de la veda es impedir, en ciertos acuíferos, la sobreexplotación y por tanto las fragilidades hídricas que comprometan el futuro común. Sin embargo, el nuevo escenario normativo, promovido como la consolidación de una “reserva hídrica para uso ambiental”, sustituye la veda por la reserva. Esto, entre otros aspectos, supone que si bien puede haber limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, también pueden ser susceptibles de ser concesionadas por causas de “utilidad pública”.


El nuevo régimen establece tres posibles usos de las cuencas: (i) uso doméstico y público urbano, (ii) generación de energía y (iii) protección ecológica y conservación del ambiente. Sin embargo, el Ejecutivo Federal puede determinar su explotación en caso de existir “utilidad pública”. Lo primero que nos llama la atención es que no se determine una serie de lineamientos que nos permitan imaginar cuál será esa “utilidad pública”, pues de acuerdo al estado de las cosas dudamos que los campesinos, pequeños agricultores y pueblos originarios, los que producen la mayoría del alimento que en este país se consume, estén ahí considerados. Por otro lado, reformas previas nos dejan imaginar fácilmente el otorgamiento de concesiones, bajo argumento de “utilidad pública”, para explotación minera, trasvases, agroindustria, megaproyectos hidroeléctricos, extracción petrolera (fracking), refresquera y un etcétera más largo de lo que nos gustaría.


Descartar la perspectiva del agua como un derecho humano.


Todas las iniciativas relacionadas con el régimen jurídico del agua deberán de ser elaboradas desde la mirada de los derechos humanos, sin embargo, una vez más, se sigue construyendo el entramado legal desde el que se le mira al agua como una mercancía y no como un bien común indispensable para el bienestar de las sociedades y la naturaleza. Nos parece preocupante la nula aproximación al tema desde la perspectiva del derecho humano al acceso universal al agua de calidad. Desconoce, también, por completo los acuerdos internacionales y derechos constitucionales de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a decidir, organizar y utilizar su territorio y sus recursos. En el sentido de los decretos, más bien, se sigue cargando a los sectores más marginados del país con los costos de un sistema que prioriza el desarrollo urbano e industrial.


¿Quién garantiza que las concesiones se otorgarán desde los principios de equidad y sustentabilidad si ni siquiera dentro de los posibles usos del agua está el fortalecimiento a la agricultura tradicional?; ¿No se trata de un caso de desposesión por acumulación, en la que muchos pierden recursos para que otros pocos los acumulen?; ¿Sin contemplar una agenda de agua construida desde la sustentabilidad y a largo plazo los pueblos campesinos y comunidades indígenas podrán seguir reproduciendo sus medios de vida?


En conclusión:

 

Insistimos en que debe de cambiar la actual legislación en materia de aguas, encontramos en la iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas de “Agua para Tod@s”, un valioso ejercicio que retoma un ejercicio de creación colectiva de muchas organizaciones y que aporta una visión que considera y consulta a los habitantes del campo, los pueblos originarios y campesinos.


En nuestra valoración y análisis, si bien por ahora no se trata específicamente de la privatización del agua, sí son pasos en la misma dirección de abandono y despojo de las comunidades campesinas e indígenas. Fortalece la visión extractivista y de uso de los recursos al servicio de un modelo de desarrollo rebasado y que ha fracasado en cerrar las brechas de desigualdad, que sigue negándose a reconocer los saberes y culturas campesinas, y que no legisla ni gobierna para asegurar la producción de alimentos de calidad, para la recuperación y manejo sustentable de las cuencas, que le voltea la cara a las mayorías.


Dependerá de nuestra capacidad de sumarnos al debate correcto que logremos detonar una discusión sobre lo que verdaderamente está en juego, ya que contrario a las culpas que algunos arrojan, la problemática rebasa la distracción en la que podamos caer al disfrutar las hazañas de nuestro fútbol nacional.

 Pablo Montaño