Jalisco sin chayotes


Bernardo masini


El sexenio de Enrique Peña Nieto romperá todas las marcas de sus antecesores en materia de gasto en publicidad oficial. Según el estudio hecho por Fundar titulado Contar lo bueno cuesta mucho, esta administración había gastado hasta el año pasado más de 40,000 millones de pesos (mdp) en promocionar sus “logros”, y estima que tan solo en este último año se destinen a ese fin no menos de 20,000 mdp más. Tal escenario, que prácticamente triplicará el monto que Calderón destinó al mismo fin, da cuenta de un círculo vicioso que debe revertirse con urgencia. El gobierno cada vez invierte más de nuestro dinero en tratar de convencernos de que hace bien su trabajo; pero a juzgar por los estudios de opinión, que dicen que menos de 20% de la población aprueba su gestión, esas copiosas cantidades de dinero han sido un soberano desperdicio. Sirvan como ejemplo los presupuestos estatales de Tlaxcala y de Colima, que resuelven todas las necesidades de sus respectivas administraciones con un monto anual menor a esos 20,000 mdp que el gobierno federal está destinando discrecionalmente a medios de comunicación.


La publicación de la denominada #LeyChayote el pasado 11 de mayo confirmó que no hay interés en modificar ese estado de cosas. El gobierno federal puso un recubrimiento legal a la perniciosa costumbre por la que procura ganarse un tratamiento benévolo de parte de los medios de comunicación a cambio de millonarios contratos publicitarios. Esta práctica tiene a un solo ganador: los dueños de los medios de comunicación, pues ya vimos que esa línea editorial dócil con la que los medios suelen cumplir su parte del negocio no alcanza para que la opinión pública favorezca a los actores políticos. Pierde entonces la clase política, pero pierde mucho más la sociedad civil. Las personas de a pie, que por ser seres humanos tenemos derecho a acceder a información suficiente y de calidad según se asienta en el artículo sexto constitucional, no recibimos la información que necesitamos para entender nuestra realidad y tomar decisiones de cara a ella. Se trata de un problema grave que se ha desdeñado durante décadas.


Coloco el referente nacional para trasladarlo a la realidad jalisciense. Con bombo y platillo el gobierno de Aristóteles Sandoval nos vendió como un acto de austeridad haber recortado el presupuesto en publicidad oficial de 290 mdp en 2017 a 249 mdp en 2018. Sin embargo cuando lo hizo no le pareció importante decirnos que en 2016 bastaron menos de 50 mdp para cubrir las necesidades de comunicación de su administración. ¿Qué justificó pasar de 50 a 290 millones en tan solo un año? Lo cierto es que estas cantidades han creado relaciones clientelares con los dueños y los editores de medios de comunicación que casi nadie frecuenta: periódicos que nadie lee; portales que nadie visita; estaciones de radio con audiencias ínfimas…


Al paragonar esta situación con el reciente episodio nacional queda claro que Jalisco necesita sus propios criterios para contener este gasto discrecional y desmedido. Por ello es necesario crear una ley estatal que regule la publicidad oficial y le ponga topes congruentes con la realidad local. En la discusión de la tristemente célebre #LeyChayote participaron partidos políticos y organismos de la sociedad civil que aportaron ideas muy valiosas que fueron desdeñadas para aprobar la iniciativa que impulsaron el PRI y el Partido Verde. En Jalisco podríamos aprovechar lo que la Federación ignoró: que la ley local contemple una instancia autónoma y ciudadana que haga estudios para certificar la circulación o el consumo de los medios, de manera que reciban publicidad oficial en función de sus niveles de impacto. Podrían también establecerse topes presupuestales, pues la experiencia de 2016 nos dice que se necesita menos de la mitad del dinero que hoy se despilfarra en la materia. Igualmente habría que establecer mecanismos que eviten los engaños que persisten en algunos medios, donde se presentan como entrevistas periodísticas las participaciones de personajes políticos que compraron espacios en noticieros; o los reciben a cambio de favores editoriales. 


Basta un poco de voluntad, de esa que debería tener cualquier político que ponga por delante los intereses de las personas, para erradicar prácticas que, además de perniciosas, se han vuelto infructuosas para quienes las fomentan. Jalisco necesita un sistema de medios tan diverso y creativo como su población. El tema debe colocarse en la agenda legislativa local y construirse en diálogo con los expertos. Los investigadores jaliscienses en materia de medios de comunicación y audiencias son la punta de lanza de las universidades mexicanas. Es obligación moral de la clase política buscarlas en lugar de evadirlas; aprovechar su experiencia en lugar de continuar con el despilfarro.