¿Me contestaron lo que pregunté?


Bernardo Masini

Un tema recurrente en mis clases en la universidad es el de familiarizar a mis alumnos con la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. Para ello hacemos ejercicios de consulta a alguno de los sujetos obligados – que en Jalisco son más de 500 instituciones o dependencias públicas – a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De esa manera los alumnos se dan cuenta de que los entes que utilizan recursos públicos tienen la obligación de generar información sobre su quehacer y ponerla a disposición de las personas. También se enteran de que la PNT es una herramienta práctica diseñada para este fin, y aprenden a usarla.


Entre los retos que conlleva la tarea está saber preguntar con asertividad, para reducir la ambigüedad de las eventuales respuestas. Trabajamos sobre la premisa de que si somos claros al preguntar, la respuesta deberá ser igualmente clara. Desgraciadamente eso no siempre se cumple. Ocurre con frecuencia que cuando los sujetos obligados responden las solicitudes de información de mis alumnos, estas vienen formuladas en un lenguaje excesivamente técnico, por no decir leguleyo. Es cierto que referir el sustento legal de la respuesta es parte de las obligaciones de quien la elabora, pero en ningún lado se asienta que los términos en que se responde tengan que ser tan crípticos, tan poco comprensibles para la ciudadanía que no está iniciada en la terminología del derecho. De ahí que a veces mis alumnos se acercan a mí con la duda legítima: me preguntan si realmente les respondieron a lo que ellos preguntaron, pues los términos de la respuesta los confunden. Si bien esto puede obedecer a falta de pericia de un neófito en la materia, también es cierto que puede ser una estrategia de opacidad simulada. 


Efectivamente, para efectos estadísticos esa solicitud de información podrá registrarse como resuelta a favor del solicitante. Pero esto no es garantía de que la persona haya comprendido lo que se le dijo, ni mucho menos que pueda hacer uso de esa información para tomar decisiones en un momento posterior. El problema es que esta práctica es demasiado común. Supongamos que los integrantes de las unidades de transparencia (UT) no lo hacen con mala fe; que quizá son abogados que en la escuela aprendieron a redactar de esa manera los documentos en que dan cuenta de procesos o resoluciones. Sin embargo el problema de comunicación persiste, y en esa medida también se diluye el derecho de acceso a la información de las personas. Por ello es necesario capacitar a los integrantes de las UT en la redacción de respuestas; no para que las elaboren en términos simplistas, sino en lenguaje ajeno a la jerga de algún campo socioprofesional específico.


Se antoja pensar que un proyecto de esta naturaleza debería ser encabezado por personal del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei). Pero nada impide que se haga ayudar de organizaciones de la sociedad civil o de universidades que presten recursos humanos o materiales para ello. Es cierto que encomendar al Itei una nueva tarea es un reto en lo que respecta al tamaño de su plantilla. Suscribo el señalamiento de sus comisionados, quienes advierten que el equipo no ha crecido a pesar de haber multiplicado sus responsabilidades a partir de la reforma que introdujo la cuestión de la protección de datos personales. El Itei opera anualmente con 56 millones de pesos, pero necesita más de 80 si queremos dotarlo de al menos veinte plazas más para que pueda cumplir con esta exigencia. Un presupuesto participativo podría permitir que el escrutinio ciudadano encuentre la vía para lograr ese ajuste. No es un asunto menor: es fomentar una cultura del acceso a la información que no se limite a simulaciones o al cumplimiento de estadísticas.